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Coatzacoalcos, Ver.

Lo que comenzó con la reubicación de seis familias por la construcción del Acueducto Cangrejera-Coatzacoalcos terminó destapando un presunto negocio de venta irregular de terrenos en un predio con propietario en la colonia Mundo Perdido, donde ahora una mujer identificada como Teodora concentra los señalamientos.

Las cifras comenzaron a cambiar conforme avanzaban las inspecciones.

Primero fueron seis familias las que realmente vivían sobre el derecho de vía del nuevo acueducto. Después apareció un grupo de 28 personas que también se dijeron afectadas. Pero más tarde, la propia Teodora aseguró que en el lugar existen 300 espacios, una cifra que encendió las alertas de las autoridades municipales.

La situación dio un giro cuando tres personas que formarían parte de ese grupo acudieron a una audiencia con el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García para solicitar apoyos de construcción.

Sin embargo, las verificaciones realizadas por el Ayuntamiento detectaron que no habitan en Mundo Perdido, sino que cuentan con viviendas en otras colonias.

Se trata de Esteban, Liliana y Juan Manuel, de lo cuales, únicamente Esteban tiene una estructura inconclusa en el sitio; los otros dos no cuentan con ninguna construcción en el predio donde se desarrolla la obra hidráulica.

Los apoyos solicitados consistían en láminas y cemento, materiales que presuntamente serían utilizados para levantar viviendas improvisadas dentro o cerca del área donde actualmente se construye el acueducto.

El origen del caso

Durante las inspecciones realizadas para determinar quiénes realmente serían afectados por la obra, el Ayuntamiento informó que únicamente seis familias residían de manera permanente sobre el derecho de vía, tal y como lo constata la imagen principal de esta publicación.

Estas aceptaron ser reubicadas en la colonia Los Almendros, donde recibirán escrituras y apoyo para construir una vivienda.

En contraste, las revisiones documentales establecieron que ni las seis ni las otras 28 personas que inicialmente buscaban ser reconocidas como afectadas poseen escrituras o documentos que acrediten la propiedad de los terrenos.

Según la administración municipal, los predios habrían sido comercializados sin lotificación ni permisos legales, por lo que todo apunta a que Teodora, sería quien presuntamente ha realizado la venta irregular de espacios dentro de este predio privado.

«No acepten al gobierno»

Mientras las seis familias aceptaban la reubicación, Teodora reunió a vecinos para pedirles que rechazaran los acuerdos con el Ayuntamiento y continuaran las protestas: «No se dejen llevar por el gobierno, porque el gobierno lo único que quiere es desestabilizarnos y desunirnos», expresó.

También lamentó que varias familias decidieran negociar directamente con las autoridades. «Uno solo no puede pelear con el gobierno, pero todos en unión sí podemos pelear», afirmó.

Incluso reconoció que anteriormente utilizaron manifestaciones, redes sociales y medios de comunicación para presionar al gobierno, pero consideró que el movimiento perdió fuerza cuando las seis familias aceptaron dialogar con el Ayuntamiento.

Lo que parecía ser únicamente una reubicación derivada de una obra pública terminó exhibiendo un caso que ahora genera interrogantes sobre la presunta venta irregular de cientos de espacios en un terreno con propietario y sobre cuántas personas pudieron haber adquirido lotes sin certeza jurídica.