COATZACOALCOS, VER. – En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la violencia de género en el sur de la entidad, la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos logró una sentencia condenatoria de 53 años de prisión en contra de Kilbert Bladimir “N”, alias “Lucifer”, tras ser hallado culpable de los delitos de feminicidio y lesiones dolosas calificadas.
Los hechos que hoy lo mantienen tras las rejas ocurrieron el pasado 11 de mayo de 2024, en la colonia María de la Piedad. De acuerdo con el proceso penal, el ahora sentenciado interceptó a dos mujeres y accionó un arma de fuego en su contra. El ataque cobró la vida de una de las víctimas —identificada extraoficialmente como Xiomara, de origen hondureño— mientras que la segunda víctima resultó con heridas de gravedad.

Un historial de violencia e impunidad
Kilbert Bladimir “N”, de origen centroamericano, no era un desconocido para las autoridades. Reportes de inteligencia lo señalaban como un presunto generador de violencia en la zona, presuntamente liderando una banda dedicada a la extorsión de migrantes que pernoctan en los bajos del puente de la Avenida Uno.
A pesar de haber sido detenido en diversas ocasiones por faltas administrativas y delitos menores, el sujeto había logrado recuperar su libertad anteriormente mediante el pago de fianzas. Sin embargo, su racha de impunidad terminó tras el violento ataque en el Malecón, esquina con Aldama, cuando la víctima fue agredida mientras intentaba abordar un taxi.
La captura y el fallo final
La detención definitiva de “Lucifer” ocurrió el 14 de mayo, días después del feminicidio. Al momento de su captura, el sujeto intentó agredir a elementos ministeriales y se le hallaron diversas dosis de estupefacientes, por lo que también enfrentó cargos por delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.
Dentro del juicio oral J-57/2025, el juez de control no solo dictó la pena máxima de prisión, sino que también ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Con esta resolución, la Fiscalía General del Estado (FGE) reafirma su compromiso de castigar con rigor los delitos cometidos contra las mujeres, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.






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